La Cigarra espumadora es un insecto muy pequeño,
de aprox. 10mm, habita en la zona con pastos, principalmente en Europa y
Asia. Los entomólogos bautizaron a esta singular cigarra como
espumadora porque las ninfas se alimentan de la savia vegetal y se
rodean de espuma para estar protegidas y no deshidratarse.
Aunque puede aparecer en prados de cualquier tipo y sobre muy diversos
hospedantes; su planta preferida es el berro de prado ( mastuerzo )
Cardamine pratensis.
Se distribuye por grandes regiones templadas de Europa y Asia.
Desde hace casi tres años, vengo recopilando fotografías de mariposas, es algo que me enganchó desde que empecé. Muchas de ellas están sin identificar; estas son las que gracias a la página Insectarium virtual les pude poner el nombre científico. Espero que os guste el vídeo. Un saludo
Soy consciente de que no es el único problema que tenemos ,pero me pareció un artículo bastante interesante teniendo en cuenta los tiempos que corren, en los que parece que el ser funcionari@ o emplead@ públic@ es un privilegio, cómo tuve que escuchar hace poco al nuevo Presidente de la empresa en la que trabajo ( Autoridad Portuaria de Gijón). Supongo que eso siempre se dice desde una situación mucho más voyante, cómo es la suya y la de una cantidad innumerable de cargos políticos, los cuáles sí que son privilegiados. Ayer precisamente estuve viendo el vídeo de más arriba, dónde un Senador, decía claramente que la cámara territorial en la que desarrolla su labor, no sirve absolutamente para nada; y encima, que el sueldo bruto andaba por los cinco mil euros mensuales, quizás sea una " menudencia" teniendo en cuenta que nuestro Presidente del Gobierno,si digo que anda entre diez o doce mil euros al mes, problabemente me quede corto, ya que cobra tres sueldos.Ya daré más datos y hablaré más de los atropellos a los que nos quieren someter. Un saludo
El desprecio político al empleado público
Contra
la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública FRANCISCO
J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Con el
empleado público está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las
víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de
su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al
horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el
agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la
Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de
mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más
de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de
los empleados públicos se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha
sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del empleado público.
Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el
empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible;
pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de
la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que
es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente
la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad
de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a
la idea de que al empleado público no se le puede «expropiar» o privar de su
empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del
político de turno. Cierto que no pocos empleados públicos consideran esa
«propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para
un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto
es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía
del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del empleado público
son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en
el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a
gobernar no se fían de los empleados públicos que se encuentran. Con frecuencia
los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen
objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites
por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la
lealtad del empleado público a la ley y a su función pública llega a interpretarse
por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una
oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han
surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la
Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una
hipertrofia de cargos de libre designación entre empleados públicos, lo que ha
suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a
puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del
complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un empleado público afín
ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en
procesos de selección de empleados públicos, influyendo en la convocatoria de
plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de
los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo
una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política
conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, son los que, tras la
perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la
tropa de empleados públicos, sea personal sanitario, docente o puramente
administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el
sueldo sólo a los empleados públicos y, si lo que se quiere es gravar a los que
tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben
rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más
sangrante no es el recorte económico en el salario del empleado público, sino
el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día
no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve
para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o
días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial
en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la
Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a
quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros.
La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver
cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo
estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para
dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a
sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas,
que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la
empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que
no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los
malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o,
simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
